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viernes, 1 de abril de 2011

María José Campanario rechaza un pacto del fiscal y decide sentarse en el banquillo el dia 11 de abril

Está dispuesta a sentarse el próximo 11 de abril en el banquillo de los acusados por su presunta participación en una trama dedicada a estafar a la Seguridad Social. La mujer del torero Jesulín de Ubrique no ha querido llegar a un acuerdo con la Fiscalía de Cádiz, después de que el fiscal le planteara la posibilidad de rebajar su petición de pena, si se declaraba culpable.


Campanario se enfrenta a una condena de cuatro años y medio, que es lo que le pide el Ministerio Público por su presunta implicación en la 'operación Karlos'.


Fuentes judiciales han subrayado en declaraciones a EL MUNDO de Andalucía que es habitual intentar llegar a acuerdos con los acusados para eludir la vista oral, pero que en este caso Campanario lo ha rechazado. Pese a que con el ofrecimiento eludiría la prisión, la mujer del torero gaditano está dispuesta a defender su inocencia ante el tribunal. Junto a ella se sentará también en el banquillo su madre, Remedios Torres, beneficiaria de una pensión de invalidez, por la que, presuntamente, Campanario pagó 18.000 euros a Carlos Carretero.


Pensiones por incapacidades irregulares.


La trama de la 'operación Karlos' de fraude a la Seguridad Social quedó al descubierto, precisamente, cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de que Carlos Carretero, ex jefe de la Policía Local de Ubrique (Cádiz), podría encontrarse implicado en una trama organizada dedicada a la concesión de pensiones por incapacidades laborales mediante procedimientos ilegales.


Tras las primeras investigaciones, constataron que esta persona contaba con la connivencia del inspector médico Francisco Casto. Éste se apoyaba en determinados facultativos, tanto de atención primaria como especialistas, para expedir bajas e informes médicos falsos e iniciar el expediente de incapacidad laboral o por accidente, encargándose de supervisar estos documentos mediante el cobro de dinero.


Además, según la Guardia Civil, informes médicos emitidos por especialistas pudieron incluso ser falsificados por alguno de los facultativos implicados. Para ello, los interesados abonaban cantidades que oscilaban entre los 9.000 y los 24.000 euros, con el fin de beneficiarse de estas pensiones fraudulentas.


La trama


En los casos en los que el beneficiario carecía de dinero, los dirigentes de esta trama le facilitaban una póliza a través de entidades bancarias, que posteriormente era abonada al banco una vez concedida la pensión. Así, una vez recibido el dinero o parte del mismo, Carlos Carretero instaba a los aspirantes a dicha prestación que residían fuera de Cádiz a que fijaran su domicilio en la ciudad, ofreciendo direcciones de familiares de él mismo y de un facultativo implicado en la trama, para que el inspector médico asignado al área de la Bahía de Cádiz pudiera emitir su informe favorable.


En la mayoría de los casos investigados, los médicos de atención primaria y especialistas han sido los mismos, todos ellos vinculados y captados presuntamente por Casto. Además, varios de estos médicos pertenecían a mutuas, que buscaban un beneficio propio como contraprestación a su actuación delictiva y, paralelamente, pretendían obtener contratos con las empresas dirigidas por Carlos Carretero a cambio de involucrar a algún médico para que facilitara las bajas a varios aspirantes a las referidas prestaciones.


Fruto de esta investigación fue la detención de una treintena de personas, que se sentarán en el banquillo durante la vista oral que comenzará el próximo 11 de abril en la Audiencia Provincial de Cádiz y que está previsto que se prolongue hasta el mes de junio.

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